El secuestro de Publio Cordón

 

1. ¿Quién era Publio Cordón?

Publio Cordón Munilla (Villar de Maya, Soria. 7 Febrero de 1935)

Licenciado en Medicina y Derecho, este empresario zaragozano (se trasladó a la capital aragonesa en su primera infancia), presidía Previasa* y el Grupo Hospitalario Quirón con sedes en Zaragoza, San Sebastián, Barcelona y Valencia.

*Previasa: compañía de seguros, actualmente propiedad de la alemana DKV Seguros, comprada en 1998 a la familia Cordón por una cantidad estimada de entorno a los 9.000 millones de pesetas.

Creador junto a su esposa, Pilar Muro, del Aula de Formación “Publio Cordón Muro”. También decano del Cuerpo Consular acreditado en Zaragoza.

  2. El GRAPO

Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), esta es una organización terrorista de extrema izquierda nacida en 1975. Tiene influencias fuertemente maoistas y marxistas-leninistas. Brazo armado del Partido Comunista Español Reconstituido.

Esta asociación puede dividirse en tres periodos en cuanto a su vida activa.

1. 1968-1975 Creación del GRAPO
2. 1975-1982 Nacimiento de la democracia en España y recrudecimiento de su acción armada
3. 1982-actualmente Perdida de apoyos y escasa o nula actividad armada
El historial terrorista de la banda del GRAPO aúna un total de 87 victimas mortales, y tres secuestros (entre los que se encuentra el de Publio Cordón)
La actividad armada de esta banda se inauguró el 2 de agosto de 1975 con el asesinato de un Guardia Civil en el Canódromo de Madrid. Su última actividad sangrienta data del año 2000, cuando el 17 de Noviembre fue asesinado de un disparo un Policía Nacional en el madrileño barrio de Carabanchel.

Entre sus víctimas más destacadas se encuentran:

– Miguel Cruz Cuenca, presidente de la Sala VI del Tribunal Supremo (Asesinato)
– Claudio San Martín, expresidente de Caixa Galicia (Asesinato)
– Antonio María de Oriol Urquijo, teniente general y presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (Secuestro)
– Jesús Haddad, director de Instituciones Penitenciarias (Asesinato)

Cabe destacar la activa actividad armada llevada a cabo en Zaragoza, uno de los lugares preferidos de la banda. He aquí la lista.

– Publio Cordón, empresario soriano. (Secuestro, y presunto asesinato)
– José Ramón Muñoz Fernández, Dr. (Asesinado)
– Ana Isabel Herrero, propietaria de un grupo de empresas de trabajo temporal (Asesinada)

3. ¿Qué sucedió aquel 27 de Junio de 1995?

Pasaba aproximadamente un cuarto de hora de las siete de la mañana, cuando varios miembros de la banda terrorista de extra izquierda, GRAPO, retenían contra su voluntad al empresario zaragozano de 60 años, Don Publio Cordón, que hacía footing en los alrededores del Canal Imperial de la capital aragonesa.

Los secuestradores con residencia en el piso franco que la banda tenía en el barrio de las Delicias, había mantenido una exhaustiva vigilancia de su víctima, a la que tras su arresto involuntario, subieron a una furgoneta de la marca Seat de color blanco, en la que fue trasladado.

Los GRAPO, para poner fin al secuestro del empresario, puso como condición la entrega de 400 millones de pesetas. Esta entrega se hizo a cabo el 17 de Agosto del mismo año, pero no fue liberado. Los secuestradores, volvieron a señalar el 12 de Septiembre de 1995, como nueva fecha de liberación, que tampoco se hizo real.

Existen varias hipótesis entorno a la no liberación de Publio Cordón. La primera es que sus secuestradores pudieron asesinar al empresario, otra desdice la anterior al señalar que el empresario pudo lanzarse por una ventana y morir al caer al vacío al intentar escapar de sus secuestradores. Tampoco se descarta la posibilidad de la muerte natural, o que el propio empresario fuera liberado pero no quisiera volver a casa con su familia.

4. Cronología del caso Publio Cordón

La investigación del secuestro de Publio Cordón a manos de los GRAPO hace 17 años se ha visto afectada por contradicciones y pistas falsas que han impedido todavía localizar el paradero del empresario.

Éstos son algunos de los hitos del caso:

1995

27 junio.- Publio Cordón es secuestrado en Zaragoza mientras hacía ‘footing’ en los alrededores de su chalet.

29 junio.- La familia recibe una llamada de los GRAPO responsabilizándose del secuestro.

6 julio.- Los diarios ‘Heraldo de Aragón’ y ‘Las Provincias’ (Valencia) reciben sendas cartas de los GRAPO, fechadas en París el 3 de julio, en las que la banda se atribuye la autoría del secuestro.

9 agosto.- Carmen Cordón, hija del secuestrado y su marido, Ignacio Jiménez, se trasladan a París, donde efectúan el pago de 400 millones de pesetas en concepto de rescate.

17 agosto.- La familia recibe una llamada que informa de la liberación del secuestrado ese mismo día, sin precisar el lugar.

31 agosto.- Radio Zaragoza y el diario ‘Egin’ son informados por un presunto portavoz de los GRAPO de que Publio Cordón fue liberado el 17 de agosto cerca del Estadio del Club de Futbol del Español de Sarriá (Barcelona) tras el pago del rescate.

3 noviembre.- La Policía detiene en España a 15 presuntos integrantes del GRAPO, tres de los cuales, Enrique Cuadra Echeandía, Concepción González y José Ortín, admiten su participación en el secuestro.

13 noviembre.- Cuadra Echeandía declara ante el juez que su organización liberó a Cordón en Barcelona el 17 de agosto, tras cobrar en París 400 millones de pesetas y después de negarle un DNI falso para ocultarse, hecho que también recordó Ortín.

1996

13 marzo.- La familia Cordón ofrece 15 millones de pesetas a quien aporte información sobre el paradero de Publio.

26 mayo.- Los GRAPO comunican al diario ‘Egin’ que liberaron al industrial el 17 de agosto de 1995 y adjuntan como prueba una carta manuscrita por éste en la que anunciaba a un amigo su “inminente liberación” para que se lo comunicara a su mujer. La organización señala que Cordón les advirtió que “tenía unos cuantos asuntos importantes que resolver antes de reunirse con su familia”.

9 agosto.- Los detenidos Cuadra, Ortín y González, y Fernando Silva Sande, en rebeldía, son procesados por secuestro “sin dar razón” del paradero de la víctima.

1997

22 septiembre.- La familia eleva la recompensa a 150 millones de pesetas.

1998

6 mayo.- Los GRAPO envían un comunicado a varios medios de comunicación para pedir más dinero a la familia de Cordón, con la amenaza de que ésta podría sufrir “muy graves perjuicios” si no cumple el compromiso que, según los terroristas, contrajo con la organización.

4 octubre.- ‘Euskadi Información’ informa de que Publio Cordón está vivo en República Dominicana, según portavoces del GRAPO.

5 octubre.- Comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra los miembros del GRAPO.

6 octubre.- Cuadra Echeandía declara ante el tribunal que, en las conversaciones Gobierno-GRAPO, el Ejecutivo validó una carta de la banda que explicaba la liberación del secuestrado.

La testigo Pilar Díaz afirma a la prensa que se sentó junto a Publio, el 4 ó 5 de noviembre de 1996, en el AVE Sevilla-Madrid.

7 octubre.- La esposa de Cordón señala que pagó el rescate sin pruebas de que su marido siguiera vivo.

25 noviembre.- La Audiencia Nacional condena a José Ortín a 32 años de cárcel por detención ilegal y delito continuado de falsedad, y a 27 años a Enrique Cuadra Echeandía y a Concepción González, por el primer delito. La Audiencia no acredita la muerte ni huida del empresario, sino sólo su desaparición.

1999

29 noviembre.- La familia del empresario remite al Ministerio del Interior un escrito de petición de responsabilidad patrimonial del Estado, por el posible funcionamiento “anormal” de sus servicios.

2000

6 julio.- La Audiencia Nacional archiva el caso hasta que Cordón aparezca o se detenga al presunto dirigente de los GRAPO, Fernando Silva Sande.

9 noviembre.- Detenidos en París siete miembros de la dirección del GRAPO, entre ellos Fernando Silva Sande.

2002

26 septiembre.- La Audiencia Nacional rechaza que el Estado pague por el secuestro del empresario, decisión ratificada por el Supremo.

2003

23 julio.- El Tribunal Correccional de París condena a 10 años de prisión a los presuntos dirigentes del GRAPO, Manuel Pérez Martínez, “Camarada Arenas”, Fernando Silva Sande, e Isabel Llaquet, por el secuestro de Cordón.

2005

31 enero.- El Tribunal Supremo confirma la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en marzo de 2003 reconoció el derecho de la mujer de Cordón a recibir la pensión por viudedad.

6 octubre.- Entregado temporalmente a España el dirigente de los GRAPO Fernando Silva Sande, que declara ante la juez Teresa Palacios que ni planificó, ni intervino en el secuestro de Publio Cordón, a quien “ni siquiera” conoció.

2007

3 de diciembre.- Los miembros de los GRAPO Silva Sande, Pérez Martínez y Llaquet, juzgados por el secuestro de Cordón, niegan ante la Audiencia Nacional su implicación en los hechos.

En el banquillo de los acusados, los miembros del GRAPO: Silva Sande yPérez Martínez y Llaquet

13 de diciembre.- La Audiencia Nacional condena a 28 años de cárcel a Fernando Silva Sande por el secuestro de Cordón y absuelve a Llaquet y Pérez Martínez, acusados de haber ordenado la acción.

2012

8 de Junio.- El empresario zaragozano Publio Cordón es declarado oficialmente fallecido 17 años después de su secuestro.

5. Términos jurídicos del caso

La declaración de fallecimiento
*(en subrayado el caso que nos atañe)

La ley permite declarar a la persona que ha desaparecido durante un cierto tiempo y bajo unas determinadas circunstancias como fallecida a fin de que sus familiares puedan disponer de sus bienes y acceder a las prestaciones que en su caso puedan derivarse de su muerte (por ejemplo, prestaciones sociales de viudedad, orfandad, indemnizaciones de seguros, etc.)

El desaparecido podrá ser declarado como fallecido:

– Cuando hayan transcurrido 10 años desde que se tuvieran las últimas noticias del desaparecido o, a falta de éstas, desde que se produjera su desaparición.
*Publio Cordón ha sido declarado fallecido casi 17 años después de su desaparición, actualmente tendría 77 años de edad.

– Cuando hayan transcurrido 5 años desde que se tuvieran noticias del ausente o, a falta de éstas, desde que se produjera su desaparición, si el desaparecido hubiese cumplido ya los 75 años de edad.

– Cuando hayan transcurrido 2 años desde su desaparición cuando ésta se haya producido en una situación de alto riesgo para la vida de la persona.
– Cuando hayan transcurrido 2 años desde la firma del tratado de paz o del fin de la guerra si la persona desaparecida pertenecía a un contingente armado en funciones de campaña.

-Cuando hayan trascurrido 3 años para los tripulantes o pasajeros de un barco, en los casos de naufragio.

– Cuando hayan transcurrido 2 años para los tripulantes, auxiliares y pasajeros de un avión desde que se produjese el accidente aéreo.

La declaración de fallecimiento se contiene en la sentencia que pone fin al proceso judicial y que se desarrolla siguiendo los trámites del llamado juicio ordinario ante el juzgado del lugar en el que el desaparecido tenía su residencia.

Los efectos de la declaración de fallecimiento son los siguientes:

Permite que se abra la sucesión sobre los bienes del declarado como fallecido, lo que se realizará, si el desaparecido hubiese otorgado testamento, mediante el otorgamiento de Escritura notarial de adjudicación y manifestación de herencia, y en caso contrario, a través del correspondiente juicio de testamentaría.

Hasta pasados 5 años de la declaración de fallecimiento, no se entregan legados ni se permite a los herederos realizar disposiciones gratuitas (regalos, donaciones… etc.) de los bienes que les han sido atribuidos. Sin embargo, sí se podrán entregar los legados que hayan sido realizados a favor de instituciones benéficas.

Si después de la declaración de fallecimiento, aparece el ausente o se prueba su existencia, puede recobrar sus bienes pero lo hará en el estado en que éstos se encuentren en el momento de su aparición. También tiene derecho a que se le entregue el importe obtenido con la venta de sus bienes o a que se le entreguen los bienes que se compraron con este dinero. Sin embargo, sólo puede reclamar los frutos o rendimientos que produzcan sus bienes desde el momento de su aparición.
5.2. Definiciones del caso

5.2.1 El Homicidio

Es la Muerte causada a una persona por otra, por lo común ejecutada ilegítimamente y con violencia.

El término acto ilícito e injusto obedece a la necesidad de excluir del concepto, las muertes que unos hombres dan a otros, sin que se configure delito alguno, como en los casos de:

-La Legítima defensa
-La ejecución de la pena de muerte
-Guerra
Denominaciones:

El homicidio en susceptible de varias denominaciones, así cuando se ejecuta con premeditación, alevosía, y ensañamiento, impulso de perversidad brutal, mediante precio o promesa de recompensa, valiéndose de medios catastróficos, se estará frente a un homicidio calificado, por su mayor gravedad. El homicidio calificado en algunas legislaciones se llama asesinato.

Desde el punto de vista de las personas recibe las siguientes denominaciones:

-Conyugicidio, la muerte dada por un cónyuge a otro.

-Uxoricidio, si la víctima es la esposa.

-Parricidio, o muerte dada al padre y, por extensión, a los parientes hasta cierto grado.

Dentro en concepto general del parricidio, se distinguen:

-El matricidio, si la victima es la madre.

-El filicidio, si lo es el hijo.

-El fratricidio, si lo es el hermano, en algunas legislaciones.

Otra modalidad del delito es el infanticidio (Muerte de niño recién nacido). Y no faltan en doctrina quienes incluyen el aborto inducido (Interrupción deliberada del embarazo mediante la extracción del feto de la cavidad uterina), en atención qua que el concebido tiene personalidad jurídica para todos los efectos civiles que lo beneficien, pero la generalidad de los autores se pronuncian por su exclusión.

5.2.2. Diferencia entre Homicidio y Asesinato según el Código Penal

El homicidio viene regulado en el art. 138 del Código Penal español de la siguiente forma:

“El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años”

Asimismo, el art. 142 recoge el homicidio imprudente:

“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Así pues, la acción consiste en matar a otra persona. Al igual que en el asesinato. Es posible la comisión por omisión siempre que el sujeto activo tenga una posición de garante respecto del sujeto pasivo fundada en un deber legal o contractual.

¿Esto qué es?
En ocasiones, la Ley o un contrato determinan en cada caso quién es la persona jurídicamente obligada a actuar para impedir la muerte de alguien. Por ejemplo: la posición de garante (persona que debe garantizar la seguridad de otra) puede fundamentarse en la prestación de servicios asumida libremente, como por ejemplo, a personas desvalidas, ancianos, niños, enfermos, etc., cuando están en situaciones de peligro. De este modo, por ejemplo, un padre tiene un deber u obligación respecto a su hijo. Si ve cómo lo matan sin intentar impedirlo y pudiendo hacerlo, puede ser acusado de homicidio en su modalidad de comisión por omisión. Esta obligación de garante del padre respecto al hijo viene en la Ley, en concreto, en el Código Civil.

En cuanto al asesinato, éste viene en el siguiente artículo: el art. 139 que dice:

“Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1. Con alevosía. 2. Por precio, recompensa o promesa. 3. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido”.

Visto esto, el asesinato es un delito autónomo, distinto e independiente respecto al homicidio pues es necesaria la concurrencia de alguno de estos requisitos para ser considerado como tal. Si no concurre ninguna de las circunstancias aquí previstas, se estará hablando de homicidio.

5.2.3. Secuestro

El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años.

En realidad este artículo del código configura un tipo cualificado de detención ilegal de carácter condicional basado en que el autor exija una condición para la puesta en libertad de la persona detenida (el pago de un rescate, la liberación de algún preso…).
Este art. 164 CP es un delito complejo que incluye un delito de detenciones ilegales y otro de amenazas condicionales.
La pena de secuestro es de 6 a 10 años, pero será elevada en el caso de que el secuestro dure más de 15 días (circunstancia del art. 163. 3CP) y se reducirá si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto (circunstancia del art. 163. 2 CP).

5.2.4. Delito de pertenencia a banda armada

El delito de pertenencia a banda armada es un delito contemplado en el Código Penal de España1 por el cual se castiga a toda aquella persona que pertenezca a bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, independientemente de la comisión de otros delitos contra la vida o el patrimonio.

En particular, la pertenencia a banda armada está penada con prisión, pudiendo la pena concreta oscilar entre 15 y 20 años.